Por Sin Reservas
La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) entregó el premio al Defensor(a) Público(a) del año 2015 a María Sánchez Espinal quien labora en la provincia de Santiago, durante un acto celebrado en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia.
Cada año la ONDP reconoce el trabajo, esfuerzo y dedicación de los defensores(as) públicos(as), que en los nueve primeros meses de este año han asumido 19,870 casos.
La ceremonia estuvo presidida por los doctores Mariano Germán Mejía y Laura Hernández Román, presidente de la Suprema Corte de Justicia y directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, respectivamente.
La ONDP reconoció también la trayectoria de algunos de sus 475 miembros, que se destacaron en las funciones de coordinadores(as), abogados(as) adscritos(as), proyección de imagen institucional y equipo del año.
La directora de la Defensa Pública, hizo en su discurso una defensa de la figura del Defensor Público: “Hombres y mujeres conscientes del rol de ser voz de los que no tienen voz, que los convierte en garantes del acceso a la justicia y el respeto de los derechos de las personas. Ya que la ética es a la sociedad lo que el ejercicio al cuerpo”, declaró Hernández.
Reclamó una “política criminal enfocada no sólo en la represión sino más bien en la prevención y reinserción” y criticó lo que denominó “populismo penal”, que utiliza el derecho penal “no como la última ratio, sino como el mecanismo ideal para organizar y ordenar la sociedad”.
Pidió buscar modelos alternativos a la prisión y a las políticas que promueven “un mayor uso de la justicia penal y la prisión”, y en este contexto alabó el servicio dado por la ONDP: “nuestra institución se ha distinguido por tener un personal íntegro, comprometido con sus usuarios y que trabaja con mística y vocación de servicio”, agregó.
La ONDP se define como el brazo humano de la Justicia y la única institución que verdaderamente garantiza el acceso a la justicia de los grupos vulnerables. Este órgano constitucional es considerado parte de la política social del Estado, pues representa un servicio gratuito para un derecho humano fundamental, como es la libertad.
Defensa Pública cuenta en la actualidad con un total de 475 empleados, de los que 147 son defensores/as públicos/as; 78 abogados/as adscritos/as contratados/as y 26 abogados/as de oficio. El organismo ha brindado asistencia, desde su creación y hasta diciembre de 2014, a un total de 238,296 personas.
